La joven que denunció a cadetes de Cobreloa por una presunta violación masiva habló con un medio de comunicación por primera vez. La denunciante, cuyo nombre fue reservado y su relato editado parcialmente “por la crudeza de esta situación”, contó su caso en un reportaje de T13.
Los hechos son del 16 de septiembre del 2021, pero la denuncia fue archivada días después y el caso reabierto hace muy poco. “Unas ocho personas participaron de la agresión. Me pegaban cachetadas, me pegaban con un cinturón. Me ahorcaron también. Fueron bastante violentos”, dijo la joven.
“Me invitó un amigo porque era el 18 y había un asado”, continuó la denunciante, quien acusó que hubo consumo de marihuana, cocaína y alcohol al interior de Casa Naranja. “Yo fui con un joven al baño. Llegando me encuentro a dos personas más. Intenté salir, pero me tomaron y me llevaron a una pieza. Traté de escaparme, pero tenían más fuerza que yo. Yo estaba shockeada”, dijo.
Durante la agresión, contó que los jóvenes le tomaron fotografías e hicieron videollamadas. “Me mostraban y decían, ‘mira cómo tenemos a esta mina’ y se reían. Me sentía mal, sucia, pero pensé que si me dejaba iba a ser más fácil. Si me oponía me podían hacer algo peor”, dijo.
“Uno de ellos tenía un cinturón puesto, se lo sacó, me lo puso en el cuello y me ahorcó. Después me pegaban con eso. Me cacheteaban. Ninguno intentó ayudarme, todos participaron”, sumó. Un día después, el 17 de septiembre de 2021, se acercó a Carabineros para hacer la denuncia.
“Cobreloa es un club deportivo, tienen buenos abogados”
La joven fue a denunciar a Carabineros el 17 de septiembre y fue trasladada a la sala de víctima de delitos sexuales del Hospital de Calama el 18. Ahí, el peritaje arrojó que tenía “signos físicos sugerentes de violencia sexual flagrante”. Sin embargo, la víctima acusa que la hicieron desistir cuando acudió a la PDI.
“La doctora me decía que estuviera tranquila, que tenía signos de que me habían abusado. Me revisaron entera, me sacaron fotos”, contó. Pero en la PDI “dijeron muchas cosas que me hicieron desistir de la denuncia”.
“Me dijeron: ‘Tienes que entender que es un club deportivo, tienen buenos abogados. ¿Tú qué tienes? Estás sola y no te ves tan afectada como las otras víctimas’. Me costó asumirlo, pero no quise seguir”. Después, acusó que la PDI le pasó un papel con una declaración escrita. “Lo firmé, no lo leí”, contó. En el informe entregado al Ministerio Público, la PDI notificó que no se hicieron más diligencias porque el delito de violación fue desestimado por la víctima.
Como consecuencia de la agresión sexual que denuncia, la joven reveló que sufrió “depresión, empecé a autolesionarme. Me sentía culpable, sucia, no quería nada con nadie. No quería ni ver hombres ni que se me acercaran. Me daban asco y miedo”.
La reacción de las autoridades
El caso fue tratado en la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, adonde llegó el Ministerio Público, la PDI y la ANFP. La madre de un exjugador de cadetes, María Elena Saavedra, fue quien expuso el caso. Ahora, el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo también investiga.
“No hay antecedentes de un caso tan grave como este. Se escondió la basura debajo de la alfombra durante dos años. Los dirigentes lo hicieron, ahora hay que determinar quiénes”, dijo el presidente del CNAD, Eduardo Arévalo.
“Me enteré ese 17 de septiembre que hubo una agresión sexual en la casa del club”, contó Fernando Ramírez, expresidente de Cobreloa. Aseguró que intentó denunciar, pero que el directorio se opuso. “Me pidieron no seguir investigando”, acusó. Además, dijo que se autodenunció ante el Ministerio del Deporte, pero que no lo llamaron.
La ANFP, en tanto, aseguró a T13 que “la primera información se recibió recién en enero de 2023 y se remitió al club pidiendo que se activaran protocolos” y que nunca antes hubo información del caso. Saavedra dijo que “eso es falso. Fui yo quien entregó los antecedentes al Jefe de Gabinete el 10 de febrero del 2022, un año antes”.
El Fiscal Regional de Antofagasta ordenó reabrir el caso. En la PDI, se ordenó abrir dos investigaciones administrativas. Abogados de la Fundación por los Sueños de la Infancia tomaron el caso y presentarán una querella criminal en contra de quienes resulten responsables dentro de las próximas horas.
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