La ex ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, deberá declarar como imputada por presunta obstrucción a la justicia, todo esto en marco de la investigación contra Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).
El pasado 11 de mayo una funcionaria del ministerio contactó telefónicamente al líder de la CAM, comunicación que fue interceptada por la PDI y, posteriormente filtrada a un medio de comunicación. Al darse a conocer la información, la secretaria de Estado dejó el Gobierno.
Sin embargo, el caso no quedó ahí y fue denunciada por Renovación Nacional por el presunto delito de obstrucción a la investigación. El abogado demandante, Marcelo Brunet, señaló que “no creo que existan mayores dudas respecto de que estamos en presencia de hechos graves”, por lo cual se inició la causa penal.
Así, el Ministerio Público deberá indagar si el llamado telefónico responde o no a un ilícito, ya que se produjo mientras la justicia aún mantenía una investigación abierta a Llaitul.
En detalle, la querella presentada por RN es por posibles delitos de obstrucción a la investigación, incumplimiento de denunciar y ejercicio ilegal del cargo.
De acuerdo a la querella presentada por RN, “al menos la ministra Vega tenía el contacto del sr. Llaitul, y la voluntad de contactarlo, pero no existía la misma voluntad para avanzar en el esclarecimiento de los hechos delictivos en que incurrió el imputado y que solo después de dos meses fueron objeto de una querella criminal por parte del Gobierno”.
Una parte de la indagatoria estaría centrada en esclarecer los motivos de la designación de la exministra Vega como coordinadora interministerial para las regiones del Biobío y La Araucanía; el decreto que estableció ello y el personal que tenía conocimiento de la resolución.
Dentro de las diligencias, el Ministerio Público citaría a declarar, en calidad de testigos, a exfuncionarios y autoridades en ejercicio, como lo son la ex ministra Izkia Siches, Lucía Damment o el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
