Al Senado. Con 105 votos a favor, 34 en contra y 3 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados le dio luz verde a la adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú, pacto medioambiental de América Latina que busca mejorar el acceso a la información, participación ciudadana y justicia ambiental.
En la Sala de la Cámara se hicieron presentes varias autoridades, entre ellas, la Ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, quien participó en compañía de la titular de Medio Ambiente, Maisa Rojas y sus pares de la Segpres y vocería de Gobierno, Giorgio Jackson y Camila Vallejo, respectivamente.
Para la Canciller Urrejola, “la adhesión al Acuerdo de Escazú representa el retorno a lo mejor de nuestra tradición diplomática”, señaló la ministra, agregando que “nuestra política exterior tiene como prioridad contribuir significativamente en la protección del medioambiente y al combate del cambio climático dando un enfoque en los derechos humanos”.
Por su parte, la titular del Medio Ambiente sostuvo que esta aprobación “es una muy buena noticia para el país, (el) que profundizar la democracia ambiental sea visto como una política de Estado. Y de esta manera podamos tener mecanismos efectivos para enfrentar la triple crisis que estamos enfrentando: la climática, la crisis de biodiversidad y de contaminación y también una crisis social”.
Acuerdo de Escazú
Es el primer pacto medioambiental de América Latina y el Caribe. Un total de 24 países firmaron el tratado, n embargo, hasta ahora solo 12 de ellas ratificaron el acuerdo: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay. A ellos se suma la intención de Chile de participar.
El tratado en sí tiene tres pilares fundamentales, que se basan en la protección de los derechos a acceso a la información ambiental, para que cualquier persona pueda requerirla; participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, para vigilar los proyectos que pudiesen tener un impacto negativo en el medioambiente; y el acceso a la justicia ambiental, la cual podrá ser impulsada por cualquier persona, la que deberá tener garantías del debido proceso.
La tratativa también establece que cada nación Parte deberá garantizar un entorno seguro y propicio para que las personas, grupos u organizaciones de defensa y promoción de derechos humanos medioambientales, puedan actuar libres de amenazas.
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