Las Isapres se encuentran en el centro del huracán luego de la Corte Suprema les ordenara utilizar una nueva tabla de factores a todos los afiliados y de esta forma restituir los cobros excesos, montos que las aseguradoras deben restituir a los usuarios.
Sin embargo, la discusión que se lleva prolongando desde el Congreso ha llegado hasta una comisión mixta tras múltiples desacuerdos por trámites anteriores y solo ha recaído en el aumento de la misma deuda.
¿Pueden terminar las Isapres? Los problemas que generan los plazos de la Ley Corta
El plazo fijado por la Corte Suprema para el 12 de mayo, lo que significa que el Congreso debe aprobar el proyecto dentro de ese tiempo.
Durante este periodo, los parlamentarios enfrentan la tarea de resolver los temas pendientes, como el monto final de la deuda, la forma de pago y la reajustabilidad, entre otros aspectos. Estos mismos puntos han sido motivo de disputa durante el último año, con cambios constantes entre aprobaciones y rechazos en ambas Cámaras.
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Un probable escenario catastrófico para las Isapres
En septiembre del año pasado, el Comité Técnico convocado por la comisión de Salud del Senado presentó propuestas, incluyendo la igualación de todos los planes al 7%, lo que implicaba aumentar los precios base para miles de cotizantes que pagaban menos. Esta medida fue respaldada por el gobierno y aprobada en ambas Cámaras.
Durante la segunda reunión de la comisión mixta, el superintendente de Salud, Víctor Torres, presentó un nuevo cálculo y estimó la deuda de las isapres en US$ 1.589 millones (UF 40.367.000 al 31 de diciembre de 2023), si se interpreta el fallo de forma literal.
En cambio, si se considera la cotización obligatoria del 7%, esta cifra disminuiría a US$ 1.250 millones (UF 31.764.000 al 31 de diciembre de 2023).
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Sin embargo, la discusión ha estado marcada por diferencias que han aumentado la deuda de las isapres. La presión sobre el futuro de las isapres va en aumento, especialmente dado que faltan pocos días para que expire el plazo establecido por la Corte Suprema para implementar el fallo, y el Ejecutivo ya ha advertido que lo hará con o sin una ley vigente.
En este contexto, los parlamentarios insisten en que el gobierno debe acelerar el proceso, ya que sin la normativa, la situación podría volverse catastrófica.
