Una investigación de CIPER develó que seis ejecutivos del Grupo Penta inculpados de evasión de impuestos cerraron su causa negociando con el Poder Judicial para rebajar las penas y multas. Gracias a la maniobra las condenas serán considerablemente menores que el valor solicitado en primera instancia y ni siquiera llegarán a los montos defraudados al fisco.
De los siete ejecutivos que tenían situaciones pendientes en la causa, seis lograron firmar acuerdos durante marzo para rebajar las condenas.
El caso más emblemático es el Manuel Antonio Tocornal: la pena inicial solicitada por Fiscalía era de cinco años de cárcel más el pago de 300% el monto defraudado al fisco. Estimaciones del SII estiman que el fraude de Tocornal fue de más de $260 millones. Sin embargo, debido a la negociación con la Fiscalía, su pena bajó a tres años de libertad más el 50% del monto defraudado y una multa de 30 UTA ($26,5 millones aprox.).
Mientras que tres de los acusados pudieron acceder a pagos de las multas en cuotas, además de la rebaja al 50% del valor defraudado. Se trata de Óscar Buezetas, actual gerente general del holding; Arturo Miquel, ejecutivo área agrícola e Iván Rojas, actual contraparte de Penta en CB consultores.
Buzetas podrá pagar su multa de $26,9 millones en tres cuotas; Miquel tiene 11 cuotas para cancelar los $27 millones que negoció para cerrar la causa y Rojas deberá pagar 10 cuotas de $300 mil pesos para cumplir la multa de $3 millones impuesta por la justicia.
Así, queda un solo ejecutivo en el caso, Marcos Castro, además de las figuras jurídicas. Según comentó el Fiscal de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, “nuestro interés respecto de ellos es obtener sentencias condenatorias. El tribunal definió la audiencia de preparación de juicio oral para el mes de noviembre de este año”.
Caso Penta y financiamiento ilegal de la política
El Caso Penta estalló el 2014 en medio de una investigación contra el ex gerente general del Grupo Penta, Hugo Bravo, por su participación en el Caso FUT (otro fraude al Fisco). Durante la investigación, Bravo reconoció su participación y, además, delató el financiamiento irregular a políticos por medio del Grupo Penta.
El modus operandi era la utilización del contrato de servicio por medio de boletas de honorarios “ideológicamente falsas”, las cuales eran emitidas de acuerdo a la ley, pero el trabajo era inexistente. Gracias a esta emisión de boletas se financiaron irregularmente las campañas de políticos como el actual senador UDI Iván Moreira, el exdiputado RN Alberto Cardemil y del exprecandidato presidencial y exministro Laurence Golborne, entre otros.
Moreira zafó del juicio por su “raspado de la olla” gracias a un acuerdo por el que pagó $35 millones en 12 cuotas; Cardemil tuvo que desembolsar $10 millones en diez cuotas para que no se persiguiera judicialmente y Golborne fue absuelto por pagar $11,4 millones.
Sin embargo, la sanción más recordada del caso fue la decretada a los controladores de Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, quienes cumplieron con clases de Ética en la Universidad Adolfo Ibáñez y pagaron $850 millones cada uno para quedar limpios de polvo y paja.
