La justicia ordenó una nueva condena por el caso de fraude en Carabineros. La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia contra Gabriel Alberto González Candia por ser autor del delito consumado de malversación de caudales públicos. Así, González Candia, fue sentenciado a pagar una indemnización de $77 millones de pesos en perjuicios por concepto de daño emergente.
En fallo unánime la Quinta Sala del tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada.
“La renuncia a la prescripción por parte del deudor y que ha sido establecida por el tribunal a quo, se ha producido tácitamente pues, con el pago de $3.000.000 (tres millones de pesos) que se reconoce en la sentencia de 4 de septiembre de 2019, dictada en procedimiento abreviado, del Séptimo Juzgado de Garantía de esta ciudad, hecho con la intención de reparar celosamente el mal causado, ha manifestado el demandado reconocer el derecho del actor, reconocimiento que tiene el efecto señalado en el inciso segundo del artículo 2494 de Código Civil”, señala el fallo.
“Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 186 del Código de Procedimiento Civil, se confirma la sentencia de trece de mayo de dos mil veintidós, dictada por el 22° Juzgado Civil de Santiago”, añade la sentencia.
Para su veredicto, el tribunal de alzada tomó como respaldo la sentencia de primer grado, donde se estableció que, en la audiencia anterior, el condenado “aceptó los hechos y antecedentes de la investigación que lo inculpaban para efectos de materializar un juicio abreviado, lo cual se erige como una confesión extrajudicial”.
“En razón de lo anterior, es posible concluir que la aceptación de los hechos dañosos prestada por la demandada en aquellos autos penales configuró una renuncia a la prescripción de la acción civil derivada de los ilícitos cometidos entre el año 2006 y comienzos del 2010”, añade el tribunal.
Así y teniendo en consideración los “precedentes; habiéndose verificado los elementos de la responsabilidad aquiliana invocada; habiéndose desechado la prescripción y demás defensas invocadas por el demandado; (…) es que el demandado será condenado al pago al Fisco de Chile de la suma ascendente a los $77.000.000, a título de daño emergente”, sentenció el tribunal.
