El pasado miércoles miles de profesores marcharon en el país para acusar al Gobierno de “compromisos pendientes” como lo es el pago de la ‘deuda histórica’ y amenazaron con un paro nacional en caso de no obtener respuestas durante esta Cuenta Pública.
Amenazan con un paro nacional
El presidente del gremio educacional, Carlos Díaz, exigió al Presidente Gabriel Boric que durante esta Cuenta Pública “dé respuestas concretas a los serios problemas que vive hoy la educación y los docentes, porque el ejercicio de la profesión docente está siendo cada vez más complicado y más difícil”.
En ese sentido, Díaz aseguró que “existen una serie de temas que fueron planteados en el programa de Gobierno del Presidente Gabriel Boric y que hoy no se están cumpliendo”.
No obstante, advirtió que si en esta Cuenta Pública “no hay respuestas concretas que efectivamente resuelvan las problemáticas que hoy estamos planteando, convocaremos a todo el profesorado a un paro nacional indefinido”.
“No es el único camino. El Gobierno tiene que encontrar la posibilidad de resolver esta problemática”, agregó.
Una deuda histórica
En relación a la Deuda Histórica que exigen los educadores, Díaz expuso que “Son 42 años en que el Estado de Chile le debe a miles y miles de profesores. El Presidente, en esta misma fecha del año pasado, se comprometió a enviar un proyecto de ley para resolver el problema. Lo iba a enviar en diciembre y, hasta el día de hoy, ese proyecto de ley todavía no llega”.
¿Qué es la Deuda Histórica?
De acuerdo a lo expresado por el Colegio de Profesoras y Profesores, se trata de un incumplimiento de la Ley Nº 3.551 de 1981 que dispuso un reajuste en el sueldo base al sector público para el personal docente dependiente del Ministerio de Educación.
Debido a la municipalización impuesta en 1981, una gran cantidad de profesores no recibieron el 100% de la asignación, ya que al ser traspasados al sector municipal, los nuevos empleadores desconocieron estos derechos, aseguran desde el Colegio.
Cabe consignar que esto llevó a los docentes a recurrir a los Tribunales de Justicia con el fin de demandar al Estado una indemnización compensatoria por el no pago de este reajuste.
