No fueron 56, sino que 78 las armas robadas al Ejército. La fiscal Tania Sironvalle informó que el armamento sustraído desde dependencias de la institución castrense fue de 22 armas más de las declaradas en primera instancia.
Hay que recordar que durante la madrugada de este lunes, funcionarios del Instituto de Investigación y Control del Ejército entregaron decenas de armas de fuego a desconocidos, tras un haber recibido un supuesto llamado telefónico de un superior que autorizaba la entrega.
Producto del delito, Carabineros detuvo a un funcionario civil que trabajaba en la institución. Se trata de un hombre de 70 años de edad, que fue funcionario del Ejército por 30 años y que, tras su retiro, cumplía funciones como auxiliar de portería o guardia en la institución.
Según informó la fiscal, el hombre fue formalizado e imputado por su “participación en calidad de autor en dos ilícitos: tráfico ilícito de armas y robo en lugar no habitado“. El tráfico ilícito de armas “es gravey tiene pena de cárcel que va de 5 años y un día a 10 años; y el segundo delitotiene una pena de 541 días”, detalló la fiscal.
La investigación preliminar de Carabineros arrojó que “no hubo un ingreso a las dependencias del Ejército”, tampoco “violencia de por medio, no hay fuerza, no hay escalamiento (…) estas personas permanecieron durante el transcurso de toda la acción delictual en el exterior de las dependencias del IDIC”, puntualizó la policía.
La fiscal Sirnovalle precisó que el imputado “para retirar, 78 armas de fuego marca CZ de origen checo, de seis distintos modelos, realizó acciones de fuerza por lo menos en dos puertas de acceso al lugar donde estas se guardaba, incluso activando un sistema de alarmas“.
Durante la audiencia, el militar en retiro declaró haber sido víctima de un engaño con la supuesta llamada del superior, que le habría ordenado entregar el armamento.
