La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, reconoció que la salida de la ahora ex ministra de Justicia, Marcela Ríos y del jefe de gabinete de la Presidencia, Matías Meza-Lopehandía, se debió a “desprolijidades” en marco de la polémica por los 13 indultos presidenciales otorgados a 12 detenidos del estallido social y a Jorge Mateluna por el asalto a un banco.
Vallejo explicó, en un punto de prensa desarrollado esta mañana en La Moneda, que el gobierno definió dos criterios para aplicar los indultos: el primero es que fuesen personas con condenas por hechos ocurridos en marco del estallido social y, el segundo, era que dichas personas no tuviesen antecedentes previos a octubre del 2019.
Sin embargo, este segundo punto no se cumplió, ya que se indultó a Luis Castillo, quien tenía condena por violencia intrafamiliar desde el 2017.
Respecto al caso, la ministra aclaró que, “efectivamente, ese segundo criterio fue el que no se cumplió, fruto de una serie de desprolijidades, de las cuales evidentemente se asumieron las responsabilidades políticas en el Ministerio de Justicia, y también la jefatura de gabinete del propio Presidente de la República”.
“Los filtros se aplican en primera instancia en el Ministerio de Justicia, que es la cartera a cargo de esta tarea, pero también en última instancia, a propósito de que es una atribución presidencial, en la jefatura de Gabinete”, recalcó la vocera de gobierno.
“Si el Presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación habría sido distinta”, insistió Vallejo.
Polémica por los decretos
La secretaria de Estado también se refirió a otra de las polémicas surgidas: los decretos de indulto en sí; sosteniendo que el proceso está jurídicamente bien elaborado y que no hay vicios legales.
“Los indultos están jurídicamente bien establecidos y elaborados, son completamente legales, por lo tanto, a propósito de esta solicitud de la oposición de revocarlos, no es posible por una serie de criterios”, remarcó.
