El polémico caso de los millonarios convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva sigue escalando. Ahora la Policía de Investigaciones llegó este martes al domicilio que compartían cuando eran pareja la diputada Catalina Pérez y Daniel Andrade. Este último es el representante legal de la institución que recibió $426 millones del Estado.
Cabe recordar que la Fiscalía inició una investigación la semana pasada luego de que se conociera que el ahora exseremi del Minvu de Antofagasta, Carlos Contreras, entregó por trato directo a la fundación de Andrade los dineros. Las sospechas de un posible caso de corrupción estallaron luego de que se conociera que ambos son miembros del partido Revolución Democrática, al igual que Pérez.
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Miembros de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) a través de una orden judicial allanaron el domicilio de Daniel Andrade y Catalina Pérez en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Esto con el objetivo de encontrar documentación relevante para la investigación del caso de Democracia Viva.
La orden fue emanada por el fiscal regional (s) Christian Aguilar, quien lidera la investigación por tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y fraude al Fisco.
La policía llegó a la vivienda preguntando por Daniel Andrade, sin embargo, ni él ni la diputada Pérez se habrían encontrado en el domicilio.
Cabe recordar que el exseremi Contreras había sido asesor de Catalina Pérez en el Congreso. Por su parte, Andrade era la pareja de la parlamentaria, por lo que la Fiscalía continúa investigando posibles delitos en el caso. Desde Revolución Democrática pidieron la expulsión de Contreras y Andrade y la suspensión de la militancia de Pérez.
Daniel Andrade contrata cuatro abogados y autoriza el acceso a sus cuentas bancarias
En el mismo día del allanamiento, se conoció que Daniel Andrade pidió intervenir en la investigación en calidad de imputado. Además autorizó el acceso a sus cuentas bancarias.
“Ofrezco poner a disposición del Ministerio Público todos mis dispositivos electrónicos y los antecedentes materiales que se requieran para facilitar la investigación”, le escribió Andrade al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.
En el documento Andrade adjuntó las escrituras notariales de la constitución de Democracia Viva y los contratos firmados con el Ministerio de Vivienda.
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Todo ello visado por sus cuatro abogados que contrató para defenderse: José Figueroa Elgueta, Germán Cueto Etcheberry, Juan Pablo Roncone Muñoz y Diego Sporman Uribe.
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