Diputadas contra el test de drogas. La Corte Suprema declaró admisible un recurso de protección interpuesto por las parlamentarias Marcela Riquelme, Marisela Santibáñez, Ana María Gazmuri, Lorena Fries y Clara Sagardía, contra el test de drogas que deben realizarse luego que el Congreso aprobara un cambio de reglamento.
El recurso fue interpuesto en la Corte de Apelaciones de Valparaíso en agosto pasado, argumentando que la nueva norma vulnera sus derechos fundamentales, por ello solicitaban a la corte “la dictación de la ley correspondiente que regule el control del consumo de drogas aplicable a los diputados y a las diputadas en ejercicio con pleno respeto de los derechos que emanan de la función parlamentaria y de su persona o, en su defecto, se retrotraiga el procedimiento“.
Según las recurrentes, las garantías vulneradas en la normativa serían “el derecho a la integridad física y psíquica de la persona (artículo 19, N°1, CPR); el derecho al respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona, y la protección de sus datos personales (artículo 19, N°4, CPR)”.
La Corte Suprema votó a favor dándonos la razón y acogiendo Recurso de Protección con nuestro argumento de que la forma de realizar el test de drogas en el Congreso eventualmente puede constituir la vulneración de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.
El tribunal de alzada desestimó la acción legal el pasado 25 de agosto declarándolo inadmisible. Sin embargo, esta jornada la Tercera Sala de la Corte Suprema revocó dicha decisión y aceptó a trámite el recurso de protección.
Según el máximo tribunal del país, la normativa puede vulnerar los derechos fundamentales de las diputadas. “Se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir la vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, razón por la que el recurso debió haber sido acogido a tramitación”, señala la sentencia del tribunal supremo.
De esta manera, la Corte de Apelaciones de Valparaíso tendrá iniciar los trámites del recurso de protección, para ello se deberán solicitar los informes a la Cámara Baja para analizar el fondo de la acción judicial.
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