El pasado viernes el Gobierno ingresó un veto presidencial al proyecto de Ley de Usurpaciones que ya había sido aprobado el 30 de agosto en el Congreso. Con ello, la ley no podrá ser promulgada en el Diario Oficial y tendrá que seguir discutiéndose.
Cabe recordar que la Ley de Usurpaciones es un proyecto de ley que aumenta las penas al delito de ocupación de un terreno privado. Esto ya sea que se realice con violencia, intimidación o de forma no agresiva, lo que también incluye la toma de campamentos.
¿Qué es el veto presidencial por la Ley de Usurpaciones?
El Gobierno aplicó el veto presidencial al proyecto de la Ley de Usurpaciones, lo que significa se busca cambiar una parte del proyecto de ley antes de que se promulge.
En palabras simples, un veto presidencial es una autoridad exclusiva del presidente para sancionar un proyecto de ley, ya sea con el rechazo o modificación en alguna de sus normas. Este veto solamente se puede ejercer cuando el proyecto de ley cumplió su trámite en el Congreso, pero aún no ha sido publicado en el Diario Oficial.
“Si el Presidente de la República desaprueba el proyecto (despachado), lo devolverá a la Cámara de su origen con las observaciones convenientes, dentro del término de treinta días”, señala el artículo 73 de la actual Constitución.
En realidad, lo que el veto hace es que el proyecto de ley se someta nuevamente a la discusión legislativa. De esta forma, ambas Cámaras deberán discutir las correcciones hechas por el Gobierno en votaciones separadas.
¿Qué busca cambiar el presidente Boric con la Ley de Usurpaciones?
El presidente Gabriel Boric en su veto presidencial en torno a la Ley de Usurpaciones busca cambiar lo que quedó establecido en relación a tres puntos. La autotutela o legítima defensa privilegiada; la graduación de las penas; y los instrumentos para concretar la restitución de los bienes.
En torno a la autotutela, se buscan aplicar las reglas generales para la detención ciudadana y la legítima defensa. “Se hizo esta modificación para evitar que se promueva que los civiles a través de la violencia reivindiquen sus derechos (…). Y que en todo momento puedan actuar las policías”, explicó la ministra del Interior, Carolina Tohá.
También se buscan modificar las penas, para que acciones diferentes de usurpación de terrenos no tengas las mismas condenas. Tohá explicó que quedará a criterio del juez la pena que dará en caso de usurpaciones donde no hay violencia e intimidación. Mientras que las violentas mantendrán la pena de prisión. En todos los casos esto será un delito.
“No es lo mismo que una familia, que en un estado de necesidad termina en una toma, a una persona que hace de esto en un negocio o que destruye las cosas que hay en el terreno”, añadió Tohá.
Por último, se propone un nuevo mecanismo conocido como “restitución anticipada”. Esta consiste en “una modalidad que se pide para disponer del bien cuando hay proceso judicial en contra”, adelantó la ministra.
¿Cuándo estará lista la Ley de Usurpaciones?
Desde el Gobierno, establecieron que la discusión en torno al veto presidencial de la Ley de Usurpaciones tendrá suma urgencia, lo que significa que el proyecto será discutido y despachado en un periodo máximo a 15 días.
Ante ello, el miércoles 4 de octubre empezó la discusión en la Comisión de Seguridad del Senado con grandes diferencias entre el oficialismo y la oposición. En total el Gobierno realizó 14 observaciones al proyecto, que contemplan cuatro vetos aditivos, cinco supresivos y cinco sustitutivos.
