El pasado 28 de abril, el Servicio Electoral (Servel) quedó en tela de juicio luego de darse a conocer una filtración de datos de todos los electores habilitados en el padrón de las elecciones primarias presidenciales de mayo del 2021. La filtración incluyó datos sensibles de más de 15 millones de personas, tales como el RUN de electores, la edad, sexo, comuna, afiliación a partido político y si la persona votó o no el proceso eleccionario.
Pese a la gravedad de la filtración y el hecho que gracias a la base de datos se puedan establecer predicciones sobre la intencionalidad de voto, aún nadie asume la responsabilidad política la interior del Servel, detalló una investigación de Ciper.
Si bien existe un sumario interno con el que se buscan esclarecer responsabilidades administrativas y, en paralelo, el Ministerio Público persigue las responsabilidades penales, no se han buscado ni establecido responsables políticos ante la alarmante situación.
¿El motivo? Políticamente hablando, no es buena idea iniciar persecuciones políticas contra la plana mayor del Servel ya que una parte de los consejeros tienen nexos con partidos y que el órgano, además, es controlador de los ingresos y gastos de los partidos.
Por un lado, una buena parte de los miembros que integran el Consejo Directivo tienen vínculos con partidos políticos. Prueba de ello es el nombre de David Huina, ex prosecretario contralor de Renovación Nacional (RN): a solo días de haber sido ratificado por el Senado, RN le pagó un finiquito de $35millones. Otro caso emblemático es el del propio presidente del organismo, Andrés Tagle, quien militó en la Unión Demócrata Independiente (UDI), integrando la comisión política del partido hasta su designación en el Servel el 2016.
Punto aparte es el hecho que la Corte Suprema determine si la plana mayor del Servel actuó con negligencia. Para ello, el Presidente de la República o una tercera parte de la Cámara de Diputadas y Diputados pueden acudir al máximo tribunal. Sin embargo, en cualquier caso, es el Servel la entidad encargada de auditar las campañas electorales y llevar el control de los gastos e ingresos de los partidos políticos.
