El Gobierno se encuentra definiendo detalles de la estrategia con la que se buscará explotar el litio en el país. En este marco, la Ministra de Minería, Marcela Hernando, definió que privados podrán ser parte del negocio del litio, pero de manera minoritaria. “Es el Estado el principal accionista y el que manda en esto”, comentó la secretaria de Estado.
Respecto al negocio del litio, Hernando precisó en entrevista con 24 Horas,que se están trabajando tres áreas, que son la gobernanza de salares, la instauración de un instituto de salares y la evaluación de la institucionalización de la empresa del litio y si estará bajo el alero de otra entidad estatal de minería.
“Estamos trabajando tres áreas: comité interministerial participan losMinisterios de Minería y Energía con la Corfo; la idea es llegar a una determinación respecto a gobernanza de salares. En forma paralela estamos trabajando en establecer un instituto del litio en la segunda o tercera región. En la tercera área, que es evaluar las diferentes opciones para institucionalizar esta empresa del litio; por una parte, tenemos a Codelco con una filial; por otra parte, a ENAMI, que está trabajando desde el 2016 con el tema del litio y que ya aprobó pedir un contrato especial”.
Lo que sí ya está completamente zanjado es la participación del Estado y de privados en el negocio. “Es el Estado el principal accionista y el que manda en esto”, aclaró la secretaria de Estado.
“Nosotros no hemos establecido la posibilidad de hacer licitaciones para la explotación por parte de privados y así se lo hemos hecho saber. No se descarta la participación de privados en forma minoritarias (porque) como país no tenemos las competencias técnicas para hacer una explotación y agregar valor al litio, que es lo que se quiere. Si bien la empresa estatal va a tomar control, va a ser posible atraer este agregado de valor que lo tienen en otras partes, sin embargo, va a ser de forma minoritaria”, insistió Hernando.
Decisión de la Suprema
La titular de Minería también se refirió a la decisión de la Corte Suprema de anular la licitación de salares hecha durante la administración del expresidente Piñera, señalando quese le planteó al exgobierno los errores de la licitación, que finalmente son los mismos declarados por la justicia.
“Desde el principio nos parecía que estaba mal planteada por las mismas razones por las que falla la Corte Suprema, el no establecer el sitio donde se iban a establecer estos contratos especiales, no se permite la posibilidad de hacer consulta indígena, porque no se sabe cuáles serían los pueblos originarios afectados”, sostuvo la ministra Hernando.
