Finalmente, tras 10 horas de debate, el Senado aprobó la ley “Naín–Retamal”, también denominada ‘ley gatillo fácil’, que agrava las penas en caso de ataques contra funcionarios de Carabineros, Policía de Investigaciones, Gendarmería, policía marítima y de aeronáutica civil y les otorga presunción de legítima defensa privilegiada. Así, la iniciativa se despachó a tercer trámite, donde deberá ser votada nuevamente por la Cámara de Diputadas y Diputados.
La iniciativa fue aprobada por 40 votos a favor y 5 en contra y el debate fue seguido desde las tribunas por víctimas de la represión policial en marco del estallido social, familiares de detenidos desaparecidos y familiares de funcionarios policiales fallecidos en el cumplimiento de su labor.
Legítima defensa privilegiada
Uno de los artículos más polémicos de la normativa es el otorgamiento de la presunción de inocencia protegida, la cual fue modificada, con lo que quedó acotada a la presunción de legítima defensa en casos donde esté en juego la integridad de los funcionarios policiales o terceros.
Dicho articulado fue aprobado en particular por 42 votos a favor y 3 abstenciones.
En ese sentido, la ministra del Interior, Carolina Tohá, precisó que “la aplicación de presunción no se dará en el caso que el funcionario se sienta amenazado, sino que haya condiciones de amenazas y riesgos a la integridad física de funcionarios o de terceros (no bienes). Cuando no se da de manera completa las razones que justifiquen el uso racional de fuerza se pueden aplicar atenuantes de responsabilidad excepto que haya dolo”.
Tras la discusión, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma valoró el acuerdo con el Gobierno, “porque cuesta llegar a acuerdos, hay que tener coraje y creo que la propuesta recoge el espíritu de la ley Naín y ley Retamal, es decir, un mayor cuidado a nuestras policías y fuerzas de orden y seguridad”.
