La ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford tendrá como plazo máximo hasta septiembre del 2023 para investigar los casos de fraude en el Ejército, donde se encuentran procesados todos los ex Comandantes en Jefe de la rama castrense vivos: Juan Emilio Cheyre, Óscar Izurieta, Juan Miguel Fuente–Alba, Humberto Oviedo y Ricardo Martínez Menanteau.

Durante el estado de excepción decretado por el avance del COVID-19 en todo Chile, se promulgó una ley que facultaba a la jueza a seguir por dos años más con la investigación que mantiene desde el 2016; siempre y cuando la Corte Suprema lo permitiera.

La indagatoria terminaría en marzo de este año, sin embargo, el máximo tribunal del país le entregó una prórroga, pero solo por un año, dejando abierta la oportunidad de una nueva extensión por el mismo plazo. Así la indagatoria se extendió hasta el 2 de marzo 2023. A solo tres meses que se termine este periodo, el pleno de la Corte Suprema decidió prolongar la investigación, pero no por 12 meses como se tenía previsto y lo faculta la ley, sino que solamente por seis meses, hasta septiembre del próximo año.

En la causa iniciada el 2016, Rutherford abrió más de 40 aristas por uso fraudulento de los recursos del Ejército. Así, mantiene procesados a los cinco ex Comandantes en Jefe castrenses, además de cientos de declaraciones y miles de documentos cuya finalidad es probar un fraude sistematizado.

Dentro de la sentencia, la Suprema señala que “atendido lo solicitado por el Consejo de Defensa del Estado y teniendo en consideración la extensión de la investigación, su complejidad, envergadura y volúmenes, se estima pertinente hacer uso de la facultad conferida con ocasión de la modificación legal antes mencionada y renovar, por última vez, la designación de la señora Rutherford, por el término de seis meses a contar del día 2 de marzo de 2023″.

La decisión fue tomada en fallo dividido. Seis de los 15 ministros del máximo tribunal estaban a favor de prorrogar la indagatoria por un año completo. Uno de los ministros que estuvo por extender la investigación es Sergió Muñoz, quien dejó evidencia que, “conforme lo expresa la investigadora, existen 74 informes solicitados a la Policía de Investigaciones, institución que fijó en ocho meses el término que demorará en evacuarlos”. A pesar de la constancia expresada por Muñoz, el máximo tribunal se mantuvo en la decisión los seis meses adicionales.

Así el trabajo de Rutherford durante el 2023 será a contrarreloj, mientras el Consejo de Defensa del Estado (CDE) tiene la opción de presentar un recurso de reposición, decisión que deberá adoptar el CDE durante las próximas semanas.