Las medidas aplicadas por el Estado en las regiones del Biobío y La Araucanía “no cumplen con estándares internacionales” en materia de derechos humanos. La Universidad Diego Portales (UDP) publicará este lunes el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, donde deja en evidencia que las medidas tomadas por el país no pasan la prueba de DDHH en la llamada Macrozona Sur.
Según señala el estudio, el Estado “está incumpliendo con los estándares internacionales en derechos humanos” al tratar de combatir los hechos de violencia que se viven en las provincias de Biobío, Arauco, Malleco y Cautín.
Respecto a los resultados del estudio, Cristóbal Carmona, académico de la Facultad de Derecho de la UDP y uno de los autores del estudio señala que “el Estado está obligado a adoptar medidas con el fin de resguardar el orden y la seguridad pública, ya sea mediante la prevención del delito, el uso de la fuerza, la persecución penal y, eventualmente, también la declaración de estados de excepción constitucional”.
A pesar de ello, los allanamientos policiales a comunidades mapuche, el uso de la Ley Antiterrorista y las declaraciones de Estado de excepción constitucional de emergencia en las cuatro provincias señaladas no se están realizando adecuadamente, en materia de derechos humanos.
En el caso de los allanamientos a las comunidades, el especialista de la UDP critica el que Carabineros hasta el día de hoy no cuente con protocolos específicos donde se regulen los procedimientos. Aquello ha significado que, en muchos casos, se incumplan inclusive estándares legales. “El uso de la fuerza en el contexto de allanamientos a comunidades indígenas no ha cumplido, en muchos casos, con los estándares de legalidad, necesidad y proporcionalidad dispuestos en el derecho internacional de los derechos humanos”.
La Ley Antiterrorista es otro de los puntos que resaltan en el estudio, donde se señala que “su utilización en las causas tramitadas durante el período 2017-2022 supuso una vulneración de diversos estándares del derecho internacional en derechos humanos”. En ese mismo sentido, el informe sostiene que “el escenario de violencia actual descrito tampoco justificaría un futuro y eventual uso de dicha Ley. La razón es que distintas características sustantivas y procesales de esta legislación contradicen una serie de estándares internacionales en la materia”.
De acuerdo a la UDP, la norma es demasiado “amplia, vaga, imprecisa y no diferencia con otros tipos penales”. Lo cual repercute en entregarle “ventajas procesales” al fiscal, que no están en línea a los estándares internacionales, como es el caso del “amplio tiempo en que la investigación puede permanecer secreta y el uso desproporcionado de la prisión preventiva”.
El investigador UDP también evidencia las diferencias en las declaraciones de Estado de emergencia del 2021 y 2022. “Por la amplitud del despliegue efectuado por las Fuerzas Armadas durante seis meses, sería difícil considerar su declaración como proporcional en sentido estricto”, señala haciendo alusión al decreto del expresidente Piñera; mientras que en el decreto del Presidente Gabriel Boric, “sus motivaciones se centran en la situación de orden público de la Macrozona Sur, involucran el libre tránsito (…) y el despliegue de las Fuerzas Armadas se acota a las rutas, por lo tanto, pareciera ser plausible argumentar que sería una medida de proporcionalidad”.
Pese a ello, “las sucesivas prórrogas que ha experimentado este estado de excepción constitucional empiezan a erosionar su carácter excepcional”, enfatizó.
