Contraloría exige imparcialidad a funcionarios del Estado por plebiscito de salida

La Contraloría General de la República publicó las instrucciones del plebiscito de salida de la propuesta de carta fundamental emanada desde la Convención Constitucional, el cual se llevará a cabo el 4 de septiembre próximo.

En el instructivo, el órgano aclara que ningún funcionario públicodebe promover alguna de las posturas del plebiscito, ni ejercer influencias sobre otras personas. En caso contrario, estarán cometiendo un ilícito administrativo y podrían recibir distintas sanciones por ello.

Según señala el documento, “las autoridades, jefaturas y funcionarios, cualquiera sea su jerarquía, y con independencia del estatuto jurídico que los rija, en el desempeño de la función pública que ejercen, no deben promover alguna de las posturas de este plebiscito, ni asociar la actividad del organismo respectivo con alguna de ellas, ni ejercer influencia sobre otros empleados o sobre los particulares con el mismo objeto”.

Eso sí, cualquier persona, incluyendo funcionarios públicos, podrán emitir libremente su opinión y hacer campaña, siempre y cuando, sea fuera de la jornada laboral y exclusivamente con recursos propios.

Las y los funcionarios públicos “en su calidad de ciudadanos, se encuentran habilitados para ejercer los derechos políticos consagrados en el artículo 13 de la Carta Fundamental, pudiendo emitir libremente sus opiniones en materias políticas y realizar actividades de esa naturaleza, siempre que las desarrollen fuera de la jornada de trabajo y con recursos propios”, establece el documento.

“Las autoridades y servidores públicos no pueden valerse de sus empleos para favorecer o perjudicar alguna de las alternativas”, cerró la Contraloría.

Por su parte, el Presidente del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, explicó que las opiniones personales de las autoridades, así como la manifestación alguna preferencia electoral o referirse a alguna discusión de la Convención no es hacer campaña política.

“No constituye campaña electoral que autoridades del Gobierno, Parlamento u otros organismos autónomos den su opinión respecto a la Convención y las normas que ahí se discuten. Tampoco lo son emitir opiniones personales por cualquier medio sobre el proyecto de Nueva Constitución”, sostuvo Tagle.