El Ministerio de Salud se retrotrajo de la resolución que prohibía el uso del ‘body scan’ en las cárceles y dejó sin efecto la medida, ante el reclamo de Gendarmería. Tras el anuncio, el Gobierno informó que realizará un trabajo conjunto entre los ministerios de Justicia y Salud para zanjar el cuidado sanitario de visitantes a los centros penales.
Cabe recordar que el pasado 30 de junio, la Subsecretaría de Salud prohibió la utilización del instrumento en centros penitenciarios y del Sename, argumentando que se exponía a las personas a radiaciones ionizantes con fines no médicos, además, aseguraron que el uso de dicha tecnología atentaba contra los derechos humanos y la convención nacional de niñas, niños y adolescentes.
Ante el anuncio, tanto funcionarios de Gendarmería y gendármenes criticaron que la resolución y el hecho que se haya tomado sin tener en cuenta la postura de todas las entidades del sistema penitenciario, ya que con el ‘body scan’ se evita el ingreso de elementos peligrosos, los que serían imposibles de requisar sin su uso.
Respecto a la polémica, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, reconoció el error al tomar la decisión sin consultarlo con entidades involucradas en los centros penitenciarios y anunció la creación de la mesa técnica entre los ministerios de Salud y Justicia.
“Es importante tener presente que las organizaciones criminales toman control de los recintos penitenciarios. Muchas operaciones criminales se llevan a cabo desde las cárceles, por lo tanto hay que colocar atención de lo que ocurre en los recintos carcelarios”, apuntó la autoridad.
Según el subsecretario, la resolución del Minsal estuvo fundamentada exclusivamente desde el punto de vista sanitario “y esa es una decisión que tiene que tener otras visiones”.
Por su parte, el Subsecretario de Salud, Cristóbal Cuadrado afirmó que la resolución no buscaba prohibir el uso de la herramienta y que la decisión se tomó desde el punto de vista sanitario, ya que “las radiaciones ionizantes, que son las de Rayos X, son un potencial factor de riesgo para el desarrollo de una serie de cánceres y por eso el Ministerio de Salud tiene una serie de normativas y fiscalizaciones”.
“Parte de lo que hemos planteado es este trabajo de una mesa intersectorial con el Ministerio de Justicia, precisamente para revisar cuáles son las alternativas que tenemos disponibles y cuál es el horizonte de implementación. En ningún caso lo que esperamos es levantar de un momento a otro estas medidas“, complementó el subsecretario.
Según Cuadrado, con la medida se pretendía “generar un camino que nos permita asegurar el adecuado control de ingreso de armas y estupefacientes, que no se pueden ingresar, y resguardar la seguridad de los centros penitenciarios, pero también compatibilizarlo con la seguridad de las personas”.
