Denuncian red de protección contra la justicia. Una jueza presentó una demanda contra el Poder Judicial el 19 de agosto, acusando que no se tomaron medidas pertinentes contra una red de protección del magistrado de Rancagua, Luis Barría, quien, a su vez, está acusado de acoso sexual desde el 2020.
Barría fue acusado de acoso sexual por tres funcionarias en octubre del 2020, motivo por el cual fue suspendido de sus labores. De acuerdo a la investigación, el juez fue protagonista de “tocaciones, encerronas, piropos, miradas lascivas, comentarios inapropiados y hostigamientos, dada la calidad de superior jerárquico del acusado, lógicamente generaban una relación abusiva de poder que repercutían, primero en el ambiente laboral y segundo en el bienestar de las ofendidas”.
Junto a ello, una funcionaria presentó una demanda contra el Poder Judicial por una “vulneración de derechos fundamentales”, al no decretarse medidas de mitigación y protección en relación a los trabajadores que protegieron al juez mientras sucedieron los hechos.
De acuerdo a la demanda de la jueza, quien prefirió mantener en reserva su identidad, señala que la Superintendencia de Seguridad Social le exigió al Poder Judicial tomar todas las medidas pertinentes en el caso para “eliminar los factores de riesgo” en los tribunales. De esta manera se buscaba evitar que denunciantes y testigos en el caso compartieran los mismos espacios con los cómplices de Barría.
De acuerdo a la resolución de la Superintendencia, se debían trasladar a los funcionarios involucrados, sin embargo, hasta el momento de la denuncia contra el Poder Judicial, todos los involucrados continuaban en sus puestos, “a metros de la víctima”, quien actualmente se encuentra cumpliendo funciones con teletrabajo hasta fines de septiembre, pero cuando vuelva, deberá volver a compartir el mismo espacio que los involucrados.
Respecto al caso, la Asociación de Magistradas Chilenas (Machi) acusó “inobservancia a la propia reglamentación y obligaciones que el Poder Judicial se ha autoimpuesto para prevenir y sancionar las conductas de acoso sexual dentro de sus espacios de trabajo”.
