En el tercer aniversario del estallido social, el Director Ejecutivo de Amnistía Internacional en Chile, Rodrigo Bustos, hizo un balance del panorama de derechos humanos en las manifestaciones, señalando que “es un balance de deudas por parte del Estado”.
De acuerdo al director del organismo, las ‘deudas’ del Estado quedan en manifiesto en que, de las más de 10 mil denuncias de violaciones a los derechos humanos, hay condenas solo en el 0,1% de las causas y ningún alto mando de las policías ha sido imputado a la fecha.
“En materia de verdad y justicia, tenemos un panorama bastante desolador de impunidad; de acuerdo a nuestra posición, se cometieron gravísimas violaciones a los derechos humanos. Hubo 10.813 personas que denunciaron en la Fiscalía y, hasta el momento, de acuerdo a los datos del propio Ministerio Público, solamente ha habido 16 condenas. Por otra parte, ningún alto mando ha sido imputado por su posible responsabilidad”, señaló en conversación con radio ADN.
En cuanto a las reparaciones, Bustos señaló que, si bien, hay un proceso de diseño de políticas públicas en la materia, “la verdad es que después de tres años, no ha habido políticas de reparaciones”.
“Por otra parte, respecto a una reforma a Carabineros, todos los organismos internacionales señalamos que, para no repetir esas graves violaciones a los DDHH, se requería una reforma profunda y estructural a la policía. Por cierto, juega un rol muy importante a la sociedad para proteger a las personas, pero que tiene que hacerlo con estricto apego a los derechos humanos. Eso fue lo que no se hizo y hoy esa reforma estructural avanza muy lentamente”, agregó.
0,1% de las causas tienen condenas
En cuanto a las condenas por causas de violaciones a los derechos humanos, el director de Amnistía Internacional explicó que desde antes del inicio de la revuelta, ya existían problemas estructurales para investigar causas de violaciones a los DDHH debido a un escaso personal especializado, dilataciones en procedimientos y problemas al interior de la justicia.
“En las causas de violaciones a los derechos humanos donde hay un funcionario del Estado que pueda hacer uso de la fuerza como Gendarmería, PDI o Carabineros, ya antes del estallido había problemas para las investigaciones”, apuntó Bustos.
Y explicó que las investigaciones por vulneraciones a los DDHH, “por lo general, son llevadas por la brigada de derechos humanos de la PDI, que cuenta con un personal muy reducido. Por otra parte, no hay una especialización en derechos humanos importante por parte de la Fiscalía. El Servicio Médico Legal tiene que realizar pericias en materia de torturas, el denominado ‘protocolo de Estambul’ y en algunos casos esos protocolos se han demorado más de dos años en realizarse. Muchas víctimas no han sido citadas a declarar. Y con ese escenario se han cerrado un 73% de las denuncias que se presentaron en su momento, entonces, hay problemas importantes en el sistema de justicia”.
El rol de Carabineros
Bustos destacó el rol de las policías en materia de seguridad, pero advirtió que Carabineros junto al Estado deberían pedir disculpas por el actuar que terminaron con personas fallecidas, cientos de víctimas oculares y miles de personas vulneradas en sus DDHH.
“Carabineros de Chile y la policía juegan un rol fundamental para asegurar el respeto a los derechos humanos. Tiene que proteger a las personas de los delitos, de la delincuencia y, en nuestro país, Carabineros juega un rol muy importante respecto al crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia, que es una preocupación para nuestro país”, comenzó indicando.
“Dicho eso. Las disculpas deberían venir desde el Estado y desde Carabineros respecto de cientos y miles de personas que sufrieron actos de violaciones a los derechos humanos, de las personas que fueron mutiladas en su vista o de las personas que resultaron asesinadas”, agregó.
Así, a tres años del inicio del estallido social el Chile, “el balance en términos generales: ha habido 0,1% de condenas, no ha habido ningún general del alto mando imputado y las reparaciones se están diseñando. El Estado de Chile ha dejado mucho que desear respecto al cumplimiento de sus obligaciones”.