Luego de varios años de tramitación y sin llegar a ningún acuerdo, La Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) condenó al Estado de Chile a pagar una millonaria indemnización a los profesores que no recibieron sus asignaciones previsionales tras el traspaso a la educación municipal, lo que se demoninó “Deuda Histórica”.

En 1981 se estableció la Ley 3.551, la que estableció pasar las escuelas y liceos públicos a los municipios. Debido a esa ley cientos de profesores y profesoras que fueron transferidos del Estado a las municipalidades no recibieron sus asignaciones previsionales originando una deuda histórica, alcanzando los $72 mil millones.

¿Cuándo se llevaron a cabo las demandas judiciales?

En los años 90 los profesores y profesoras iniciaron las demandas judiciales, para el pago de estas asignaciones. Fueron trece procesos judiciales en contra de las municipalidades de Chañaral, Chanco, Pelluhue, Parral, Vallenar y Cauquenes. Debido a que en Chile no se pudieron llegar a acuerdos, el proceso se derivó al sistema internacional de justicia.

Pero finalmente este año, tras seis meses de alegatos se llevó a cabo una sentencia, la cuál condena al Estado de Chile a pagar las indemnizaciones a los profesores afectados.

#Sentencia de la @CorteIDH en el Caso Profesores de Chañaral y otras Municipalidades Vs. Chile��: El Estado es responsable por no cumplir con debida diligencia sentencias que reconocían pago de asignación especial a 846 docentes.

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— Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) December 21, 2021

¿De cuánto es la deuda y cuánto le pagarán a cada profesor?

Cabe mencionar que el Estado de Chile indemnizará a 846 docentes, de los cuales solo 660 se encuentran con vida. Pero de igual manera les corresponde el pago a sus herederos.

El Presidente del Colegio de Profesores explicó que el pago va directamente a los afectados y sus familias. El lideer mencionó que: “La Corte ha determinado que para cada profesor en promedio porque no es un monto exacto les corresponde 90 millones de pesos”.

Con este monto se espera la reparación de la violación de los derechos a las garantías judiciales, protección judicial y a la propiedad de los docentes.

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