Esta tarde, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo se refirió los acontecimientos ocurridos en Plaza Baquedano durante este viernes, reafirmando "nuestro compromiso ineludible con la necesaria reforma a Carabineros”.
Según sostuvo la vocera de Gobierno, con la reforma se busca “un cambio de fondo y estructural, porque queremos mejores policías para nuestro país, más eficientes y con apego irrestricto a los derechos humanos”.
Y aunque Vallejo se refería a puntualmente a las vulneraciones de Derechos Humanos, la policía uniformada cuenta con una serie de antecedentes negativos más allá del actuar policial en las protestas.
Intervenciones telefónicas a “blancos de interés policial”
Este lunes, una investigación de CIPER reveló que entre el 2007 y 2018, la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar) intervino conversaciones telefónicas de artistas, periodistas, abogados que cursaban procedimientos contra Carabineros, alcaldes e incluso futuros convencionales constituyentes.
Fueron los ahora convencionales Adolfo Millabur y Francisca Linconao a quienes Carabineros “pinchó” sus teléfonos por supuestos delitos. A Millabur se le acusó de participar en un incendio en el predio Forestal Mininco del 2012 y Linconao es blanco de interés de Carabineros desde el 2009, cuando logró detener la tala de árboles del cerro Rahue, además de vinculársele al incendio en el que fueron asesinados los integrantes del matrimonio Luchsinger Mackay en 2013. En ambos casos, las investigaciones determinaron que no existía relación entre los implicados y los delitos.
A las convencionales Manuela Royo y Constanza Schonhaut también se les intervino sus teléfonos en medio del estallido social del 2019, donde fueron observadoras de Derechos Humanos.
Respecto a las escuchas de Carabineros develadas por CIPER, el diputado RD Jorge Brito es claro: “La Ley es completamente insuficiente”. El parlamentario además hace una llamado a las autoridades de ese entonces, “ellos son quienes debieran haber estado ejerciendo conducción y control” de la inteligencia policial.
Actuar policial en protestas
Este viernes, la Plaza Baquedano nuevamente fue el escenario de incidentes luego de una manifestación. En el lugar, una persona resultó con heridas en su cabeza luego de golpearse contra el pavimento, en un operativo donde Carabineros la perseguía.
Respecto al hecho, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señaló que el Gobierno abrirá una investigación. “Escuchamos y vimos alertas respecto a los procedimientos utilizados y en nuestro rol de hacer respetar los derechos humanos y garantizar la seguridad pública es que hemos solicitado e instruido esta investigación”, señaló Monsalve.
En medio del estallido social, el actuar de la institución policial culminó con 8.827 denuncias por “delitos cometidos por agentes del Estado”. El 93% de esas acciones judiciales fueron contra Carabineros, producto de las cuales, 75 uniformados fueron formalizados.
Todo ello sin considerar las 460 personas que terminaron con daño ocular producto de la acción policial, entre ellas, se destaca el caso de la actual senadora Fabiola Campillai y el estudiante de psicología Gustavo Gatica.
Vínculos con narcos y bandas delictuales
Otro trabajo de CIPER da cuenta que, entre el 2010 y el 2020, un centenar de uniformados fueron formalizados por delitos de narcotráfico. En dicha investigación, CIPER también develó que solo durante el 2012 hubo 1.019 funcionarios involucrados en algún tipo de irregularidad, donde destacan 43 delitos de drogas, y 37 en delitos de connotación sexual.
También se detectó que 10 policías colaboraban con bandas que se dedicaban a robar cajeros automáticos.
Dentro de las últimas irregularidades, el Ministerio Público formalizó por cohecho y asociación ilícita al general (r) de Carabineros Manuel Valdés Pinochet, al ex comandante Marco Meneses Vergara, al coronel Ricardo Barriga y al cabo Sergio Ulloa Domínguez (dados de baja) durante el año pasado, por formar parte de una red de coimas que favorecía a la empresa de grúas ACN, que retiraba vehículos y los enviaban a un aparcadero de su propiedad al sur de Santiago.
Operación Huracán y Pacogate
Hace exactamente una semana comenzó el juicio oral contra 31 imputados en el caso de fraude en Carabineros más conocido como “Pacogate”. Se estima que el fraude donde hubo delitos de malversación de caudales públicos, asociación ilícita, lavado de dinero y falsificación de instrumento público, supera los 35 mil millones de pesos y en la indagatoria se involucra a altos mandos como el exgeneral director de Carabineros, Eduardo Gordon, entre otros.
Cuando se habla irregularidades de Carabineros es imposible no recordar la Operación Huracán. Se trata de un operativo ocurrido en septiembre del 2017, amparado en la Ley de Inteligencia, producto del cual ocho comuneros mapuche fueron involucrados en una asociación terrorista.
En enero del 2018, el Ministerio Público informó que descubrieron que Carabineros había manipulado las pruebas para incriminar a los detenidos mediante la intervención fraudulenta de mensajes en celulares.
En medio de la discusión por el asesinato de Camilo Catrillanca ocurrido el 2018, el Presidente Gabriel Boric era diputado y ya en ese entonces pensaba en una reforma para que nunca más ocurriera un montaje de este tipo. “Los que creemos en el Estado de derecho trabajaremos firmes para que estas políticas generalizadas y sistematizadas de represión terminen (…) ¿Cuántos montajes ha habido como la Operación Huracán?”, se preguntaba el entonces diputado Boric.
