El conflicto entre la Municipalidad de Peñalolén y la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) por la deuda por $172 millones de dólares que provocó la clausura de sus oficinas en Avenida Quilín 5635 suma un nuevo e inesperado capítulo.
A través de redes sociales, el concejal Juan Cristóbal Cantuarias acusó públicamente al alcalde Miguel Concha de inflar los números que debiera pagar el ente rector del fútbol chileno “para ganar titulares“. Y puso cifras sobre la mesa.
“El alcalde dijo que esos recursos eran necesarios para financiar seguridad, salud y aseo. Pedimos por oficio el detalle, y esta es la respuesta oficial: $43 millones de patente, $1 millón de aseo, $36 millones de reajuste IPC, $93 millones de intereses“, expuso el edil de Peñalolén.
Para cerrar su descargo, el concejal Cantuarias expuso que “más de la mitad son intereses, y la mayor parte corresponde a deudas de hace más de una década. Con los plazos legales de prescripción y la condonación de intereses de la Ley de Reconstrucción, el municipio sabe que esa cifra no se va a recaudar“.
En Peñalolén acusan al alcalde de inflar millonaria deuda de ANFP
Si consideramos el dato que entrega el concejal, lo que finalmente la mesa que preside Pablo Milad debiera pagar pasará de los $172 millones que originalmente reclama el municipio, hasta los apenas $80 millones de pesos. Menos de la mitad.
El tema en este caso es que la ANFP está lejos de cancelar sus adeudos con la Municipalidad de Peñalolén. Según el alcalde Miguel Concha, “no solamente pretendían cambiar el mecanismo de pago que exige el municipio a todos los contribuyentes, pedían condiciones especiales“.
Por lo pronto, y mientras se mantenga clausurada su sede en Quilín, la corporación funciona en la actualidad en el edificio corporativo de TNT Sports, en la comuna de Santiago.
En síntesis
- Juan Cristóbal Cantuarias, concejal de Peñalolén, acusó al alcalde Miguel Concha de inflar la millonaria deuda de la ANFP.
- Aclaró que la mayor parte de los 172 millones cobrados son intereses y deudas antiguas prescritas.
- Con las rebajas legales, la cifra real que debería pagar el ente rector bajaría a 80 millones.